Dayuma Ecuador - Karla Calapaqui

Por Karla Calapaqui Tapia @dayumaEc El Ecuador ha vivido una década de impunidad.   Autoridades de instituciones   públicas han inobservado la Constitución y la ley, no han entregado información, no han cumplido con su deber.   Así por ejemplo, el Ministerio de Educación, entregó al año información solicitada por un asambleísta, sobre la situación de tortura de estudiantes del Colegio Mejìa, esa ha sido la tónica, el gobierno se ha blindado. La Asamblea de mayoría oficialista no ha fiscalizado, la justicia se ha hecho de la vista gorda ante denuncias de corrupción; un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que ha sido alcahuete de la corrupción y el palanqueo y, un Contralor que ha sabido cotizarse con los archivos de casos de corrupción y que, seguramente es gracias a esto que “ganó” el concurso para esta función, no han sido suficientes 10 años en este cargo, viene por 5 años más. La sociedad civil, periodistas de investigación se han puesto a la cabeza y

Otro golpe a los derechos humanos El decreto 016, pasaría a ser ley en el  "Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana". Este proyecto, enviado por la Asambleísta Johana Cedeño y con el respaldo de 27 asambleístas de Alianza País, no es una iniciativa legislativa, es un proyecto ordenado y, seguramente, elaborado por el Ejecutivo. Este Código, busca estatizar la organización social y hacerse con su control, a más de copar todo espacio de participación ciudadana. Antecedentes El D ecreto 016 emitido por el presidente Correa en 2013 y reformado mediante Decreto 739 en 2015, creó un filtro para las organizaciones sociales, contiene una serie de requisitos y trámites excesivos y onerosos, ambiguos y poco claros.  Mediante este decreto, el Estado ha buscado el control de las organizaciones sociales, establece causales de disolución de una organización social por considerar que está realizando actividades de política partidista, de afectación a la segurid