La violencia para-estatal en el gobierno de Correa

Por Karla Calapaqui Tapia
@DayumaEc

En estos 9 años de gobierno los ecuatorianos hemos sido testigos del atropello, la infamia y la persecución. Hemos constatado la acción de todo el poder del Estado contra dirigentes sociales, organizaciones, opositores políticos, ciudadanos de a pie que disienten de la verdad oficial.

Se utilizó el Código Penal en su momento, ahora el Código Integral Penal, la Ley de Comunicación, la de Educación Intercultural, Decretos, Leyes y hasta reglamentos para perseguir a quienes piensan diferente al régimen; se han empleado las instituciones públicas para rebuscar al ciudadano X, utilizan cualquier argucia que permita su sometimiento; se han activado los medios de comunicación para linchar a quienes denuncian la corrupción; y, han actuado la Policía y las Fuerzas Armadas para apalear las ideas contrarias a las del gobierno.

Las políticas educativas encaminadas a la obediencia y domesticación de la juventud, las concepciones religiosas y morales de un individuo puestas de ejemplo para la sociedad, los medios de comunicación gubernamentales en la tarea de instalar en el imaginario de la población una consigna: “la protesta social, la resistencia son actos criminales”. En ese sentido el gobierno de Rafael Correa no ha escatimado esfuerzos ni recursos para deslegitimar la protesta social.

Se criminaliza y judicializa a los más pobres, a los opositores sociales en el ánimo de cumplir con ciertos parámetros de gobernabilidad que abran paso a la locomotora minera-petrolera, a los megaproyectos, al endeudamiento externo, a las políticas y leyes antipopulares, al recetario fondomonetarista, y  al sostenimiento del sistema.

El gobierno ha articulado mecanismos para criminalizar mediante un aparato ideológico, represivo, mediático y al parecer, para-estatal. ¿Para-estatal? Yo creo que Sí.

Como para-estatal podría definirse a una empresa, estructura, o grupos que “cooperan” con el Estado, pero por fuera de éste, para cumplir ciertos objetivos entre ellos la represión, en el ánimo de preservar los intereses gubernamentales. Vilma Franco en “El mercenarismo corporativo y la sociedad contrainsurgente” señala que “...la preocupación por el mantenimiento de ciertos niveles de legitimidad lleva igualmente al Estado al amparo y recurso de estructuras ilegales para la represión eficaz de la disidencia.” 

Lo para-estatal ha sido un instrumento utilizado en mayor o menor medida por distintos Estados y gobiernos. La acción de estas estructuras para-estatales se da en el marco de un estado de represión donde el enemigo interno es el pueblo.  La esencia de la doctrina de seguridad nacional sigue impregnada en el Estado ecuatoriano, no ha cambiado mayormente en este gobierno.

En el ámbito para-estatal entraría la persecución, la intervención telefónica, las amenazas, la difamación, las agresiones de “desconocidos”, los robos, los seguimientos y hasta la eliminación física de opositores.

 El famoso troll center podría ser una ejemplo de una estructura para-estatal:  personas a sueldo que bajo falsas identidades se dedican a insultar, desprestigiar, amenazar a quienes desde las redes sociales denuncian hechos de corrupción, critican o discrepan con el gobierno.

Y evidentemente que luego de la amenaza en redes, han pasado a la acción:

Las amenazas, las flores y cartas para opositores y dirigentes sociales como el caso de la profesora Mery Zamora, el joven de Crudo Ecuador, la activista Paulina Muñoz, la periodista Betty Escobar, el periodista Bolívar Loján.

La censura y hackeo de portales como Crudo Ecuador, la Revista Plan V, 4 Pelagatos, Fundación Mil Hojas, cuentas de tuiter de activistas y portales de medios de comunicación.

Agresiones físicas provocadas por “desconocidos” como en el caso de la Asambleísta Lourdes Tiban, o del dirigente Mesías Tatamuez.

Hechos dudosos como en el caso de Martha Roldós, el robo de información con pistola en mano.

Las campañas sucias, las acusaciones contra dirigentes sociales, los pasquines sin firma, las publicaciones de fotos intimas, de chats, de mails, campañas de desprestigio, el trucar fotos y documentos para golpear al opositor político.

Durante estos 9 años el amedrentamiento ha llegado hasta las casas, lugares de trabajo o redes de activistas, periodistas, dirigentes sociales y políticos y ejemplos hay muchos, aquí algunos:

Hay hechos que aún deben resolverse como los asesinatos de Bosco Wizum, José Tendentza, Jorge Gabela y Fausto Valdiviezo.

Está claro que estas actividades van por fuera del marco legal de un país, del derecho penal nacional e incluso del derecho internacional.

Esa estructura para-estatal se nutre de la información que manejan los entes gubernamentales, de la infraestructura y recursos del Estado. Me pregunto ¿qué papel juegan los CDRs Comités de Defensa de la Revolución, o los Latin Kings, Ñetas, los 30S, etc.? ¿Se ha utilizado a funcionarios policiales o militares para venganzas políticas, represión, amenazas, chantajes?

No puede pasar por alto que el presidente Correa y otros funcionarios se han atribuido funciones judiciales, en sus declaraciones, en los informes sabatinos, desde el púlpito Rafael Correa insta al odio, a la venganza y a la condena. No sería raro que grupos vinculados pretendan hacer “justicia con mano propia”. Es más, no faltarán los fanáticos que quieran obedecer a pie juntillas lo que ordena el presidente.

La persecución y amenazas de que han sido objeto cientos de dirigentes sociales en el Ecuador, no son hechos espontáneos o casuales. Si la criminalización es una política de Estado, lo para-estatal se ha convertido en una necesidad para el gobierno que quiere preservar su proyecto político, su legitimidad y su capacidad coercitiva.

Las ecuatorianos y ecuatorianas no podemos dejar que se normalicen estas acciones, ahí nos quieren conducir, no lo permitamos.