Ecuador: Oswaldo Jarrin y su manual de bolsillo para el uso progresivo de la fuerza

El Ministerio de Defensa, con Oswaldo Jarrin a la cabeza, emitió, el 26 de mayo pasado, el Acuerdo Ministerial 179, que contiene el “Reglamento de Uso Progresivo, racional y diferenciado de la Fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas”.

Dicho texto a más de violentar la Constitución y tratados internacionales de Derechos Humanos, es en los hechos, un manual de violación a Derechos Humanos y blindaje de las Fuerzas Armadas frente a tales actos.

Este reglamento se publica a raíz de la experiencia de octubre de 2019 y en perspectivas de la crisis en medio de la pandemia COVID19. Esta es una clara amenaza a los Defensores y defensoras de Derechos Humanos, a las organizaciones indígenas, sociales y populares. ¿Dónde queda la garantía del derecho a la asociación, la organización, a la resistencia, la defensa de los territorios, la defensa del agua y la biodiversidad, la educación? Según el manual del Ministro, los derechos ahora son consideradas amenazas.

Pero la defensa de Derechos Humanos, conoce el lenguaje ambiguo militarista que se utiliza para legitimar su accionar. El reglamento establece niveles para el uso diferenciado de la fuerza y me permito establecer lo que en los hechos ha sucedido, no solo en Ecuador. Basta echar una mirada a las violencias policiales y militares contra la población, en países como Estados Unidos, Francia, Israel, Chile, etc.

Nivel	Nivel amenaza	Respuesta
1	Riesgo latente	Intimidación, Presencia militar, armas, equipos, vehículos
2	Resistencia psicológica-pasiva	Verbalización, amenazas
3	Resistencia defensiva	Técnicas peligrosas de inmovilización: rodilla al cuello, decúbito ventral, etc, que pueden provocar la muerte
4	Resistencia agresiva	Uso de armas “no letales”: mutilaciones, heridas que pueden provocar la muerte
5	Resistencia agresiva agravada	Uso de armas letales: muerte

El reglamento es la cereza del pastel de toda una política, una concepción y una estrategia frente a lo que debe ser la Defensa Nacional. Y Jarrin lo sabe muy bien porque durante toda su carrera ha sabido mover los hilos militares.

Las Fuerzas Armadas Ecuatorianas han tenido una característica innegable: su estrecha relación con los Estados Unidos. En la dictadura militar se introdujo la Ley de Seguridad Nacional, su concepción básicamente está inspirada en la doctrina de seguridad nacional impuesta por los EEUU.

La Política de Defensa Nacional o Libro Blanco, demuestra que nunca se ha abandonó la doctrina americana. Este libro blanco se modernizó en 2002 bajo los lineamientos de la OEA.

Luego de 10 años de lucha social en el Ecuador, que provocó la caída de 3 gobiernos, “se requería entonces un proceso de modernización de las FFAA”. En 2005 y 2006, Oswaldo Jarrin era Ministro de Defensa y fue quien estuvo al frente de ese proceso.

Se incluyó un nuevo concepto, el de seguridad multidimensional, que puede interpretarse como la incorporación de nuevas amenazas. El objetivo también era participar activamente en el Plan Colombia, bajo el pretexto de lucha contra el narcotráfico. Y lo más llamativo, el control interno, que siempre ha estado en la mira de las Fuerzas Armadas.

Según Oswaldo Jarrin, “El escenario de la seguridad ha sufrido grandes variaciones, debido al carácter cada vez más difuso de las fronteras que existen entre lo interno y lo externo en la vida de los Estados, como efecto de la internacionalización. Hoy las consecuencias de un conflicto interno no pueden circunscribirse a un solo territorio o área geográfica convencionalmente delimitada”[i]

En 2009 durante el gobierno de Rafael Correa se aprobó la ley de Seguridad Publica, en reemplazó a la Ley de Seguridad Nacional, pero no cambió la esencia de la política de Defensa.

En 2011, dentro del Plan Nacional de la Seguridad, se incluyó la contribución de las FFAA a la seguridad ciudadana, es decir, su participación complementaria en la seguridad interna. Recordemos que Correa insistía en una reforma a la ley de Seguridad Pública para incluir que “las Fuerzas Armadas intervendrán por disposición del presidente en la protección interna, el mantenimiento y control del orden público y seguridad ciudadana, cuando por circunstancias de evidente necesidad o de inminente alteración del orden público, se haga indispensable su contingente.”

Durante las enmiendas constitucionales en diciembre de 2015, se consumó la participación de las FFAA en la seguridad interna. El hoy Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrin, al parecer le molestaba estos cambios, pero más adelante veremos que no era tan así. Es necesario que recordemos que al Ministro Jarrin le incomodó el llamamiento de la Corte Nacional de Justicia a juicio al personal de las FFAA y Policía, por delitos de lesa humanidad. Le incomodan los Derechos Humanos.

En 2018 el Ministerio de Defensa, con Jarrin como ministro designado por Lenin Moreno, publica el libro blanco Estrategia de Defensa y Seguridad Nacional, entre otros aspectos, establecen las amenazas asimétricas y multidimensionales: la pobreza, los conflictos sociales, el “terrorismo” donde puede entrar cualquier cosa.

El Ministerio de Defensa destaca la cooperación de socios estratégicos como Estados Unidos y China, pero también con Israel, España e Inglaterra. Es decir, la política del control de la población en todos los campos. Con Moreno, esta “cooperación” o injerencia, se ha afirmado.

En 2018, con la eliminación de las enmiendas, Jarrin demuestra su doble cara, dice que con esta derogatoria la institución militar se dedicará a “la defensa de la soberanía e integridad territorial” (…) pero al mismo tiempo el ministro Jarrín, aseguró que “apoyaremos a las operaciones policiales, en cualquier plan que se requiera para preservar la paz y la estabilidad en el país”.

Es más, Jarrin manifestó que eliminar la participación de las FF.AA., en la seguridad interna “no quiere decir que las Fuerzas Armadas no mantengan una cooperación interinstitucional, fundamentalmente con la Policía.”[ii]

Es decir, Jarrin esta en los hechos a favor de la militarización cuando de conflictos internos se trate. Esta a favor de enfrentar el enemigo interno que en este caso sería la población. La actitud represora y provocadora del Ministro de Defensa y su participación activa se puso de manifiesto en el levantamiento popular de octubre de 2019.

El 23 de octubre de 2019, el ministro señaló ante la Asamblea que "tuvimos también la participación de las universidades y de centros que funcionaron como les han denominado centros de paz, pero en definitiva eran centros logísticos de abastecimiento para los manifestantes y los grupos que actuaban vandálicamente en el resto de la ciudad"[iii]

Desconociendo lo que señala la Constitución en cuento a derechos de los pueblos indígenas, manifestó que “no hay territorios indígenas”.

El ministro Jarrín dijo que los militares están capacitados para cumplir con su trabajo y llamó al pueblo a no desafiar ni agredir a las Fuerzas Armadas, porque “tienen derecho a la autodefensa, como todos los ciudadanos”[iv]

No existe autodefensa cuando el Estado, con militares armados hasta los dientes, se enfrentan a la población desarmada. Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos han señalado que los militares no están capacitados para enfrentarse con la población civil, están preparados para matar. Poner a militares en las calles es tener la garantía de violación a Derechos Humanos.

Luego de octubre de 2019, Jarrin se puso manos a la obra. Lo peligroso del Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrin se puede ver en el discurso y en los hechos.

Nuevo equipo para la represión a las protestas sociales, trajes robocop, escudos antimotines, “dos compras… de las Fuerzas Armadas por un monto de $1,4 millones y $342 000, respectivamente”[v] Como vemos para este tipo de gasto no hay estimación alguna. Todo bajo la mirada complaciente del presidente Lenin Moreno.

Se comprará material no letal que “incluye 1000 carabinas, 12 000 cartuchos de goma, 30 000 perdigones de goma, 15 000 aturdidores, 50 000 granadas lacrimógenas y 1000 máscaras antigás, entre otras”. No fue suficiente con las mutilaciones que sufrieron los manifestantes en octubre 2019, van por más.

Al parecer las Fuerzas Armadas han declarado una guerra contra el pueblo ecuatoriano. “El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, detalló que se compraron seis helicópteros para búsqueda y salvamento, ocho aeronaves de entrenamiento, doce lanchas para operaciones en la selva, un simulador de defensa, un buque multipropósito, un helicóptero liviano…”[vi]

Ya el Ministro de Defensa ha manifestado que va a enfrentar a los grupos subversivos, es decir, trabajadores desempleados, indígenas, estudiantes, personal de salud, jubilados, maestros y todo aquel que reclame sus derechos. Y no, no se trata de retórica. Se han gastado mas de 100 millones de dólares. Saben que el descontento social se generaliza, que el sistema capitalista no da más.

Y en el aspecto legal también, Jarrin blinda a las Fuerzas Armadas frente a violaciones de Derechos Humanos, con el "Reglamento de Uso Progresivo, racional y diferenciado de la Fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas” para actuar frente a conflictos internos, “en base a un Manual de Derecho en Operaciones Militares, existente desde el 2014 y que ya fue utilizado en la paralización y movilizaciones de octubre del 2019”[vii].

Este reglamento permite a las fuerzas armadas la intervención hasta el uso de armas letales. La directiva de contrainsurgencia demuestra que Oswaldo Jarrin sigue viviendo en las épocas de las Escuelas de las américas, que sueña con aplicar su propio plan Cóndor. Lo fascista no es necesario declararlo, se nota.

El ministro dice que el reglamento es un “manual de bolsillo” para que, frente a un reclamo, por ejemplo, el NO recorte a la Educación, los soldados sepan cómo actuar. No, no es broma.

Para completar la tabla al inicio de este artículo, el reglamento establece 5 casos para el uso de la fuerza por el personal de las fuerzas armadas:

- Ante reuniones, manifestaciones, disturbios internos y otras situaciones de violencia interna, que deriven en grave conmoción interna o calamidad pública, previa declaratoria del estado de excepción.

- En protección de:

a. Zonas de seguridad relacionadas con la seguridad de fronteras o áreas reservadas.

b. Instalaciones e infraestructura de las empresas públicas y privadas de los sectores estratégicos.

- En cumplimiento de operaciones militares de control de armas, municiones y explosivos.

- En operaciones de apoyo a otras instituciones.

- En el ejercicio del rol de policía marítima.

En resumen, se legitima la participación militar en protestas o movilizaciones sociales, estaràn en las calles no de forma excepcional sino permanente; se van a desplegar cuando se trate de defender empresas privadas petroleras o mineras. Ya sabemos como han actuado en la amazonia ecuatoriana.

Finalmente creo que hay que considerar que no solo es el reglamento, es todo un aparataje que el gobierno de Lenin Moreno, el Ministro de Defensa Oswaldo Jarrin y la ministra María Paula Romo vienen implementando para enfrentar la explosión social frente a los despidos de trabajadores, frente a las reducciones de presupuesto en áreas como educación y salud. Son hombres armados hasta los dientes, en defensa del gobierno y los grupos de poder, y en contra de las clases populares.

Moreno pretende enfrentar el hambre, el desempleo y la pobreza con armas letales. Ellos y sus teorias y manuales de bolsillo, y sus vallas y alambres de puas alrededor de Carondelet.